Para esta revocación de mandato, es necesario entender la importancia de los ejercicios de participación ciudadana, pero también qué es lo que hay detrás de ellos. Aquí un análisis sobre todo lo que conlleva esta revocación.
Por Goretti Hernández
Texto escrito en el Taller de Análisis Político, dirigido por Ana Vicencio
Imagen: sommersby – stock.adobe.com
Por primera vez en la historia del país, se llevará a cabo el instrumento de participación ciudadana directa conocido como revocación de mandato, a nivel federal, el día 10 de abril del 2022. México se convertirá en el tercer país de América Latina en aplicarlo, junto con Bolivia y Venezuela; la diferencia es que en estos últimos dos países sí existía una crisis política radical al momento de recurrir a ese instrumento. En Bolivia fue derivada de la aprobación de la nueva Constitución, por Evo Morales, en 2009, y en Venezuela fue detonada por las políticas sociales y económicas implementadas por Hugo Chávez. Ambas revocaciones fueron fallidas.
No se puede negar que México está viviendo una crisis de derechos humanos invisibilizada a nivel nacional. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta que, en promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres. La organización Artículo 19 estima que cada 12 horas se agrede a un periodista y, según El Economista, 23 personas son desaparecidas al día desde el 1 de diciembre de 2018. Sin embargo, tampoco se puede mentir y decir que se está viviendo una crisis política que haga necesario plantear la pregunta por la pertinencia de un cambio inmediato de gobierno. La razón principal de este instrumento es la propaganda que busca agrandar la popularidad del presidente, y esto, sin duda, traerá riesgos, como el poner a prueba al poder judicial.
El rechazo que existe a la democracia no es algo que se presente solo en este país, por eso mismo es importante que se disponga de instrumentos de democracia directa, como este proceso. El riesgo de llevarlo a cabo es que lo solicitó el mismo gobierno, logrando que la lógica que el proceso está teniendo sea de manipulación, no de representación política. ¿Cómo el presidente puede manipular la Ley para que esta lo beneficie? Laura Aritmética Jaime, maestra de la Universidad de Guadalajara, lo explicaba como “una pareja de enamorados que se ama demasiado y pide el divorcio solo para al final decir ‘te amo tanto que te quería demostrar que nunca me divorciaría de ti’.”
La revocación de mandato, como lo indica el artículo 35 de la Constitución Mexicana, está siendo convocada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que tuvo que ajustarse a un presupuesto de 1,567.4 millones de pesos (mdp) de los 3,830 mdp que fue el cálculo inicial del costo. Como referencia, el Instituto contó con un presupuesto de 24 mil millones de pesos para las elecciones federales en 2018.
Estas acciones, vistas desde una perspectiva ciudadana, están lejos de ser sorpresivas, pues el presidente nunca ha perdido la oportunidad para deslegitimar a ese instituto. El doctor Alberto Olvera opina, incluso, que esto parece “una captura partidaria del Instituto Nacional Electoral”, pues hay que recordar que desde el inicio del proceso el único que pidió la revocación fue el mismo gobierno. Esta acción lleva incluso a la duda sobre si el instrumento funcionará como un parteaguas para intentar una reelección en el año 2024.
Para que el resultado de la revocación de mandato tenga carácter vinculante, deberían votar 37 millones de mexicanos, que representan el 40% necesario de la lista nominal, cantidad que parece imposible de obtenerse, debido a la misma reducción de presupuesto para el INE, pues a consecuencia de esto solo se instalarán 57 mil 500 casillas en todo el país. En las elecciones intermedias de 2021, el Sistema de Información de la Jornada Electoral reportó la instalación de 154 mil 322 casillas, y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) informó que esto solo logró una participación de entre 51.7% y 52.5% del padrón electoral, convirtiéndola en cifra histórica.
Algo que no está claro en la Constitución, y en realidad ningún otro lado se especifica, es qué pasaría si el 40% de la población votara a favor de la revocación de mandato. En países como Filipinas, al momento de votar por la revocación, se vota cuál es la siguiente opción para gobernar, y lo que se ha deducido en México, es lo que expresa el artículo 84 constitucional, que cuando exista una falta absoluta del presidente, será el Congreso el encargado de nombrar a un presidente interino o substituto.
En los 93 años que México lleva siendo un país democrático, nunca había existido un presidente con niveles de popularidad tan altos como los que registra Andrés Manuel López Obrador. Por esta misma razón, es difícil creer que una revocación de mandato sea necesaria para este gobierno, ya que no es notoria la existencia de una desconfianza dirigida al presidente de la nación y, como se mencionó al inicio, el país no se encuentra en una crisis política que parezca tan alarmante como para recurrir a este medio, menos cuando el presidente continúa tratando el instrumento de la revocación con una actitud meramente propagandística.
Es importante no caer en la dinámica de seguir la agenda presidencial sobre los temas de los que importa hablar, y recordar que la revocación es destitución, no la verificación de los niveles de aceptación o popularidad que está recibiendo el presidente de la nación.
